Dos miembros de la familia Weinberg y un socio suyo, que durante años vendieron servicios de seguridad al gobierno mexicano por grandes sumas de dinero, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía General de la República. A cambio de colaborar con información sobre corrupción, recibirán el “criterio de oportunidad”, una medida legal que les permite evitar sanciones más graves. Estos empresarios han sido relacionados con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, quien junto con su esposa fue condenado recientemente en Estados Unidos a pagar cerca de 2,500 millones de dólares por actividades sospechosas.
El caso involucra posibles sobornos millonarios al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Todo empezó en 2020 cuando la Fiscalía investigó a 61 personas por delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada. Parte de esta investigación permitió presentar una demanda civil en Miami en 2021, la cual fue favorable para el gobierno mexicano.
En 2011, preocupados por el cambio de gobierno en México, los Weinberg buscaron nuevas alianzas para proteger sus negocios. Fueron recomendados con Jorge Fernández Moreno y Adolfo del Cueto Arámburu en Miami, quienes aseguraban tener acceso directo al futuro presidente Peña Nieto. Fernández Moreno incluso les pidió un millón de dólares como “contribución política”, asegurando que Peña Nieto estaba enterado del pago.
Aunque los Weinberg afirmaron no haberse reunido directamente con Peña Nieto ni con Osorio Chong, aceptaron pagar esa suma esperando beneficios para sus empresas. Se creó una nueva compañía en la que los socios de Miami se quedaron con la mayoría de las acciones, y a cambio se les prometieron contratos con el gobierno mexicano, los cuales efectivamente llegaron.
Entre 2015 y 2016, se enviaron casi 100 millones de dólares disfrazados como “donaciones políticas” a través de empresas fachada y casas de bolsa, como Vector, fundada por Alfonso Romo. Según los testimonios, este dinero fue repartido entre funcionarios de la administración de Peña Nieto, aunque no se conocen todos los nombres.
Gracias a su colaboración, los Weinberg y su socio evitarán ir a prisión, pero perderán la mayoría de sus bienes y deberán pagar una compensación millonaria. Ahora, las autoridades pondrán su atención en Fernández Moreno y Del Cueto Arámburu, quienes podrían también declarar sobre el expresidente Peña Nieto.
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