En las últimas semanas, varios temas económicos, políticos y sociales han tenido un efecto directo en el bienestar de las familias mexicanas, especialmente en su capacidad de compra, algo que está relacionado con la inflación.
Aunque el Banco de México bajó la tasa de interés —algo que algunos consideran un poco apresurado—, hay otros asuntos importantes que también afectan la economía del país.
Uno de ellos es una propuesta en Estados Unidos para cobrar un impuesto a las remesas enviadas desde allá. Primero se habló de un 5%, pero ahora se discute un 3.5%. Aunque la intención es usar ese dinero para controlar mejor la migración, esto podría afectar negativamente a México. Las remesas son una fuente esencial de ingreso para millones de familias mexicanas y representan más del 3% de la economía nacional. Cobrar un impuesto sobre ellas reduce el dinero que llega a los hogares y podría empujar a que se usen métodos informales, fuera del sistema bancario, perjudicando la inclusión financiera.
Otro tema es la propuesta de elegir a jueces y magistrados por voto popular. Aunque esto puede sonar democrático, muchos expertos advierten que podría afectar la imparcialidad del sistema judicial. Los jueces necesitan técnicas y preparación, no solo popularidad. Si tienen que hacer campaña y buscar votos, podrían tomar decisiones influenciadas por fines políticos y no por justicia, lo que generaría más incertidumbre legal y menos inversión, afectando también la economía.
Además, la violencia en el país sigue en aumento. El asesinato de importantes funcionarios, junto con más homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados, genera inseguridad que afecta directamente la economía. Las empresas gastan más en protección, hay menos turismo y la gente se ve obligada a migrar o trabajar en la informalidad. Todo esto daña el crecimiento económico y aumenta las desigualdades.
Estos tres temas —el cobro a las remesas, el sistema de elección de jueces y la violencia— muestran lo importante que son las instituciones sólidas y reglas claras para que haya estabilidad en un país. Si las políticas públicas no están bien pensadas, pueden tener consecuencias contraproducentes, aunque hayan sido creadas con buenas intenciones.
En resumen, lo que está en juego es la calidad de vida de millones de personas y la posibilidad de tener una economía más justa, fuerte y sostenible.
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