A una semana de las elecciones judiciales en México, aún no se sabe con certeza qué consecuencias traerán. Uno de los posibles escenarios es que el sistema de justicia funcione más lento y sea menos imparcial, al menos por un tiempo, debido a los desafíos de adaptación y fallas en el diseño de la reforma.
Esto podría generar desconfianza en el Poder Judicial. Como resultado, tanto personas como empresas podrían empezar a buscar otras formas de resolver sus conflictos sin tener que ir a un juzgado.
En México existe un dicho: “Más vale un mal arreglo que un buen pleito”, lo cual refleja la realidad de que los juicios pueden ser largos, costosos e inciertos. A pesar de eso, anualmente entran a los tribunales más de 2 millones de nuevos casos, siendo la mayoría asuntos familiares, civiles, mercantiles y penales.
Hasta hace poco, no había formas legales claras para resolver conflictos fuera de los tribunales. Sin embargo, eso cambió el 26 de enero de 2024 con la aprobación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Esta ley fue bien recibida tanto en el Congreso como en el Senado.
A pesar de que ya hay opciones como la mediación, todavía no son muy conocidas. Jalisco es el estado que más ha avanzado en este tema. Actualmente hay unos 500 mediadores certificados en el país, y se estima que podrían realizarse unas 100,000 mediaciones cada año.
Por ahora, la mediación se usa más en conflictos familiares, pero tiene potencial para aplicarse en otros tipos de casos si aumentan los mediadores capacitados. Aunque no todos los problemas se pueden resolver así, cuando el sistema judicial no está funcionando bien, tiene mucho sentido buscar otras vías.
La mediación es voluntaria y todo lo que se diga en el proceso no puede usarse luego en un juicio, a menos que ambas partes estén de acuerdo. El papel del mediador no es decidir quién tiene razón, sino ayudar a que las partes lleguen a un acuerdo por sí mismas.
Una gran ventaja de la mediación es que es más flexible y permite soluciones creativas. Si se llega a un acuerdo, se puede formalizar ante un juez. Por ejemplo, en casos entre empresas, se pueden negociar plazos de pago o cambios en los compromisos iniciales, lo que evita romper la relación comercial.
Los mediadores no tienen que ser abogados, aunque tener conocimientos de leyes es útil. Es probable que, ante un futuro incierto para el sistema judicial, se capaciten más mediadores en todo el país.
En resumen, mientras más personas opten por resolver sus conflictos fuera de los juzgados, se lograrán más acuerdos y se evitarán pleitos innecesarios.
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