Tarde o temprano, alguien tendrá que estudiar con cuidado y sin prejuicios cómo se aprobó a finales del año pasado la reforma del Poder Judicial en México. Este análisis debe incluir aspectos políticos, legales, sociales, económicos y, por supuesto, el contenido y consecuencias de la reforma.
Aunque hay muchos puntos importantes que tratar, es necesario resaltar dos hechos que destacan por ser especialmente preocupantes:
Primero: La reforma cambió uno de los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte. Ahora, quienes quieran ocupar ese cargo deben tener título de abogado y un promedio mínimo de 8 en sus estudios universitarios, además de 9 en las materias relacionadas con el puesto. Lo mismo aplica para otros cargos como magistrados de circuito y miembros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Este tipo de requisito ha generado críticas porque parece poco serio incluir un promedio escolar en la Constitución. Además, no toma en cuenta la gran diferencia entre la calidad de las universidades en México, donde hay más de dos mil escuelas de derecho, muchas de baja calidad. En comparación, en EUA hay sólo unas 250 y cerca de 80 en Alemania. Esto ha causado burlas y podría ser motivo de vergüenza en reuniones internacionales entre juristas, ya que no se entiende cómo una regla así puede estar en la Carta Magna del país.
Otro problema es que se exige un promedio alto en “materias relacionadas con el cargo”, como si los ministros fueran a especializarse en áreas concretas del derecho como civil o penal, lo cual no tiene sentido, especialmente ahora que ya no existen las salas especializadas dentro de la Corte.
Segundo: La reforma incluyó una regla transitoria que dice que las autoridades solo pueden interpretar el decreto literalmente, sin usar comparaciones ni ampliaciones. Esto va en contra de la práctica jurídica normal, que muchas veces requiere interpretar las leyes según el contexto. Esta regla parece haber sido escrita de manera apresurada y ha terminado siendo violada en varias ocasiones por el Congreso y las autoridades electorales, mostrando lo mal diseñada que estuvo esta parte de la reforma.
Contenido creado con inteligencia artificial.
