Si se aprueba la nueva ley fiscal propuesta por Donald Trump, los inversores de ciertos países, considerados por EEUU como injustos en términos fiscales, pagarían impuestos más altos sobre sus ingresos en EEUU. Esta ley afecta a países como Canadá, Reino Unido, Francia y Australia, que imponen impuestos a las grandes empresas tecnológicas. El cambio en la política fiscal podría aumentar los impuestos sobre los ingresos pasivos, como dividendos e intereses, para las personas e instituciones de estos países. La medida ha sido criticada por potencialmente desencadenar una “guerra fiscal global” y afectar negativamente a la inversión y a los trabajadores estadounidenses. La ley propuesta también cuestiona las normas de tratados fiscales internacionales, lo que podría generar un costo significativo para los inversores, especialmente canadienses.
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