La semana pasada, dos personas muy cercanas en lo personal y laboral a Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, fueron asesinadas. Se trata de Ximena Guzmán, su secretaria particular, y José Gómez, su principal asesor político. Tras este ataque, Brugada y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, dijeron que el crimen podría estar relacionado con la lucha del gobierno capitalino contra el crimen organizado. Prometieron que seguirían firmes en su combate contra la inseguridad.
Sin embargo, desde el primer momento descartaron otras posibles razones para el crimen, como conflictos personales o políticos, sin tener todavía suficientes pruebas o avances en la investigación. Esta decisión generó dudas porque usualmente los ataques de grandes cárteles van dirigidos a figuras directamente responsables de combatirlos, lo cual no encajaría del todo con las funciones de las víctimas.
Además, elegir como blancos a personas tan cercanas a Brugada podría significar que el objetivo era enviarle un mensaje directo a ella. Esto hace pensar que quien planeó el crimen tenía la intención de causar un fuerte daño emocional y político, y probablemente sabía que podría quedar impune.
Otra pregunta importante es por qué solo se hizo una advertencia con estas muertes y no un ataque directo a Brugada o Vázquez. En casos similares, este tipo de acciones se ven como represalias por no cumplir acuerdos o pactos con grupos criminales. Si no se corrige esa situación, podría venir algo más grave.
Clara Brugada fue alcaldesa de Iztapalapa por nueve años, una zona con muchos problemas de inseguridad. Aunque logró mejorar la percepción de seguridad en la demarcación, hacia el final de su administración comenzaron a crecer los rumores sobre presuntos vínculos entre su gobierno y grupos criminales.
De hecho, en los últimos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gabinete de seguridad le informó que el grupo criminal Unión Tepito había amenazado a Brugada. Estaban molestos por un cambio de poder en Iztapalapa que favorecía a sus rivales, el grupo Anti-Unión Tepito y al Cártel Jalisco Nueva Generación, que habían comenzado a expandirse en otras partes de la ciudad.
López Obrador reforzó la seguridad de Brugada, pero no ordenó ninguna investigación para aclarar si realmente había acuerdos rotos o pactos con criminales. También se dijo que tanto Brugada como la entonces fiscal capitalina, Ernestina Godoy, fueron señaladas por la Unión Tepito de haber traicionado acuerdos, lo que aumentó la tensión con estos grupos. Sin embargo, esa información nunca fue confirmada del todo.
Este texto fue elaborado con inteligencia artificial.
