Durante esta semana ocurrieron dos hechos importantes que muestran cómo el gobierno ha limitado la libertad de expresión.
El primer caso fue el del periodista Héctor de Mauleón, quien fue demandado por una funcionaria del gobierno de Tamaulipas a raíz de un artículo en el periódico El Universal. En ese texto, el periodista mencionaba información filtrada por un grupo de hackers. La funcionaria no respondió al contenido del artículo, sino que presentó una demanda usando una ley pensada para proteger a las mujeres de la violencia política, aunque en este caso se usó como forma de censura. Además, consiguió los datos personales del periodista con ayuda del INE, lo cual es un abuso de poder y una violación a la privacidad.
El segundo caso involucra al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Este político pidió que un ciudadano se disculpara públicamente y en vivo, usando los medios del Senado, por haberlo insultado en un aeropuerto. Aunque el ciudadano apenas lo tocó y no pasó a mayores, Noroña aprovechó el incidente para exigir respeto. A lo largo de su carrera, él ha sido conocido por lanzar críticas e insultos, pero no acepta que lo critiquen. Quiere reconocimiento y atención, y ha utilizado su posición para satisfacer esas necesidades personales.
Estos dos casos muestran cómo desde el gobierno se usa el poder para silenciar a periodistas y ciudadanos. También reflejan que el sistema actual en México limita los derechos y la libertad, usando recursos públicos en contra de las personas, lo que es una señal de un régimen autoritario.
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