El gobierno de Trump entregó a las autoridades de deportación información personal de millones de personas inscritas en Medicaid, incluyendo su estatus migratorio. A pesar de las objeciones legales y éticas, se ordenó transferir estos datos al Departamento de Seguridad Nacional. Este conjunto de datos abarca personas de California, Illinois, el estado de Washington y Washington, D.C., lugares donde individuos no ciudadanos pueden inscribirse en Medicaid, cubriendo sus gastos con fondos estatales. Esta información podría utilizarse para dificultar que los migrantes obtengan la residencia legal o permanente. El gobernador de California expresó preocupación por el uso de estos datos durante las redadas migratorias. Los Centros de Servicios de Medicare revisaron inscripciones en busca de condiciones migratorias insatisfactorias para evitar usar fondos federales en esta cobertura. La revisión incluyó compartir con el gobierno detalles de inmigrantes inscritos, como direcciones y números de seguro social.
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