La elección de jueces que propone el gobierno se ha convertido en un montaje, con candidatos poco preparados, boletas difíciles de entender y campañas forzadas donde se moviliza gente para apoyar a ciertos nombres. Aunque algunos dicen que es el pueblo quien elige a los jueces, la verdad es que esta decisión viene desde arriba, especialmente desde que la Suprema Corte no aceptó una reforma impulsada por el presidente. A partir de ahí, se buscó cambiar a los jueces por otros más cercanos al gobierno.
Para lograrlo, se hicieron reformas legales que permiten que los funcionarios promuevan esta elección. Además, se han utilizado recursos como listas de por quién votar, y se ha excluido al pueblo del conteo de los votos. Todo apunta a que el verdadero objetivo de esta elección es que el Poder Judicial quede bajo el control del presidente y, sobre todo, del Ejército.
No se trata de lograr justicia para todos, sino de permitir que las leyes apoyadas por los militares pasen sin obstáculos. De hecho, al abrirle las puertas del sistema judicial a los militares, también se abre a otros intereses como el crimen organizado o grupos políticos con poder, lo que pone en riesgo la independencia de los jueces.
Esta reforma ocurre en un contexto donde el país está siendo cada vez más militarizado. Estados Unidos ha hecho amenazas que el gobierno mexicano toma como pretexto para dar más poder a las Fuerzas Armadas. Y aunque el presidente antes decía que iba a sacar al Ejército de las calles, ahora les ha dado el control de obras y proyectos muy grandes, de los cuales no hay transparencia.
En el fondo, esta reforma judicial no es para que el pueblo elija a sus jueces, sino un movimiento para fortalecer el poder de los militares en México. La elección judicial parece democrática, pero es parte de una estrategia para que el Ejército controle más aspectos del país, incluyendo la justicia.
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